Capacitación a personal de SLIM no se cumple en Municipio Alteño

cpmgaEntre todas las funciones que realizan los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la Ley define exclusivamente un sistema de capacitación permanente para su personal, misma que no se cumple. Una de las abogadas de Asesoría Legal del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Ana María Rojas, dijo que no existe institucionalidad ni continuidad al trabajo de los SLIM, condición que afecta de sobremanera en la calidad de atención que se brinda a las mujeres que acuden a estos servicios.

“Lamentablemente no hay institucionalidad en los SLIM esto quiere decir que por tiempos cortos, por tres meses se contratan al abogado, a la psicóloga, a la trabajadora social este personal inicia procesos de violencia y para continuarlos ya no está, entonces las señoras que son víctimas de violencia vuelven al SLIM para que se continúen sus casos y les dicen que ya no está el personal que las atendió, entonces hay un rote y un cambio constante de personal que no da estabilidad, no da institucionalidad y menos va poder dar una atención eficaz y eficiente a las mujeres que sufren violencia”, manifestó Rojas.

Al respecto, Lourdes Bilbao, psicóloga del SLIM Distrito 1 de la ciudad de El Alto, detalló la conformación de su equipo de trabajo.

“En el Distrito 1 tenemos un equipo conformado por tres profesionales y un egresado, eso quiere decir que tenemos un psicólogo, un trabajador social, un abogado y un procurador para la atención de casos de violencia en calidad de género”, afirmó Bilbao.

Elsa Condori, Directora de Género y Gestión Social de Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, indicó que la jefatura de la Dirección de Género y Gestión Social del Alto viene realizando alianzas estratégicas con instituciones y trabajos de capacitación al personal que atiende casos de violencia basada en género.

“La Dirección de Género y Gestión Social del Alto tiene una jefatura que se encarga de hacer algunas alianzas estratégicas con algunas instituciones como ser el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Gregoria Apaza y otras para que den capacitación en lo que respecta a la Ley 348, en lo que respecta al trato a las víctimas de violencia y entre otros aspectos también se han hecho trabajos de autoayuda dependiendo del cronograma de actividades que tenga la jefatura de la Unidad de Atención a la Familia”, explicó Condori.

En este sentido, los mencionados trabajos, alianzas y capacitación debería lograr resultados o verse reflejados en la atención que se brinda en los SLIM. Sin embargo, la gente que acude a estos lugares muestra una realidad diferente.

“Los agresores se ríen de la justicia, mi marido y su familia me votaron de mi casa con mis hijos y su madre Angélica Mollo Sirpa y su hermana María Mollo Sirpa dicen que la fiscalía, la policía es como su cocina o su cuarto que no tienen miedo porque no les van hacer nada – ¿Qué nos van a hacer? – dicen, la verdad es que no encuentro la ley, ahora están felices en mi casa y yo estoy bien desesperada de volver a mi casa por mis hijos”, dijo, en medio de sollozos, una mujer en situación de violencia.

Atención a casos de violencia sin el debido protocolo

Ana María Rojas, del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, señaló que no existe aún un protocolo que este siendo aplicado.

“Lamentablemente, hasta la fecha, desconozco que exista un protocolo legalmente establecido y aprobado por el ente rector que es el ministerio de justicia; hemos sido una institución que ha ido impulsando para que se puedan construir estos protocolos de atención porque consideramos que es importante dar ya la ejecución para un proceso como corresponde dentro de lo que es la violencia”, declaró Rojas.

Sin embargo, agregó que en la urbe alteña se logró construir un borrador a partir de reuniones con personaros de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) para que sirva de base hacia una atención correcta en temas de violencia.

El artículo 9 de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348 define que la normativa, los Órganos del Estado, así como las Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, en el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas, deberán adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada en las diferentes instancias de atención para el restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de violencia.

En relación a este tema, Bosco Katari, profesional en derecho explicó qué es un protocolo, su conformación y objetivo.

“Un protocolo es en reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio; es también un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos o en determinadas circunstancias de este modo se establecen las conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas para ciertas situaciones”, detalló el abogado.

Ante la ausencia de esta herramienta primordial para luchar contra la violencia hacia las mujeres, el Defensor del Pueblo, José Luis Hidalgo, dijo que el trabajo se hace sólo sobre la base de la Ley 348, confirmando la falta de este instrumento de trabajo para los funcionarios municipales.

“En una verificación que hicimos en los SLIM de la ciudad de el Alto, Achacachi y Viacha hemos evidenciado que los profesionales que atienden casos de violencia contra las mujeres no tienen este instrumento de trabajo, es decir, el trabajo lo hacen en función de únicamente de lo que dice la Ley 348 pero que internamente no se han construido estos protocolos para ver cuál va a ser el procedimiento que se va a adoptar cuando se está frente a un caso de un feminicidio, por ejemplo, o de violencia económica, física, patrimonial, etc.”, señaló Hidalgo.

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