Los Institutos Técnicos Tecnológicos del país deben actualizar su malla curricular, en la misma sintonía que los subsistemas de Educación Regular y de Educación Alternativa y Especial, afirmó el ministro de Educación, Edgar Pary en el “Encuentro nacional de directivos de Institutos Técnicos-Tecnológicos de carácter fiscal y de convenio”.
“Los Institutos Técnicos Tecnológicos deben responder a las nuevas exigencias de nuestra educación post golpe de Estado y post pandemia de Covid-19. A partir de estos dos hechos tenemos que trabajar en la actualización de su malla curricular, tal como lo está haciendo nuestro Subsistema de Educación Regular y nuestro Subsistema de Educación Alternativa”, instó el ministro, según un reporte institucional.
En el evento, realizado el martes, participaron más de 300 personas, entre ellos 130 rectores, 90 directores académicos, 81 directores administrativos, nueve subdirectores de Educación Superior de Formación Profesional y nueve técnicos de las direcciones departamental de Educación.
El titular de Educación recomendó también que la actualización de la malla curricular sea asumido por los institutos técnicos fiscales, de convenio y privados.
“Nuestros Institutos técnicos tecnológicos tienen una importancia vital para el desarrollo de Bolivia. Ellos son los que dan continuidad a la formación de Bachillerato Técnico Humanístico (BTH) brindada en nuestras unidades educativas”, remarcó Pary.
La autoridad enfatizó en que el Ministerio de Educación- tras los efectos nefastos de la clausura del año escolar en 2020 y la pandemia del Covid-19 – asume el compromiso de responder a las nuevas necesidades de formación técnica de la población estudiantil boliviana.
A escala nacional, hay un total de 306 institutos de formación técnica y tecnológica, entre fiscales, de convenio y privados, cuya población estudiantil alcanza a 122.056 personas.
Estos establecimientos de educación superior desarrollan proyectos a través de la investigación e innovación, para responder a las necesidades de los sectores productivos, empresas públicas y privadas, gobiernos municipales, sectores sociales y otras instituciones productivas en el marco de la agenda 2025 y el Plan de Desarrollo Socioeconómico del país.
