El representante de la Asociación de Víctimas, Fallecidos, Heridos, Procesados y Perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani (Cochabamba), Ismael Marquina, informó este jueves que se realizarán nuevos procesos penales contra las personas que firmaron el Decreto Supremo 4078 que desencadenó en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
“Nosotros como víctimas vamos a iniciar un análisis y medidas penales contra los actores del golpe de Estado y los que han financiado la masacre, quiénes han dado la orden, quiénes han firmado ese maldito decreto, que les da la inmunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para que puedan matar libremente”, expresó Marquina, en conferencia de prensa.
Explicó que la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores por la investigación del caso golpe de Estado y no por las masacres que se realizaron en Sacaba y Senkata, por lo que analizarán nuevas medidas penales en contra de los responsables de esos hechos luctuosos.
“Nosotros no estamos cometiendo lo que ellos han cometido en el 2019, han asesinado, han herido con armas de fuego, han encarcelado y hoy no hay responsables hasta la fecha. La señora Jeanine Áñez no está detenida por los delitos de lesa humanidad que ha cometido, ella está detenida por el golpe de Estado”, reiteró.
El 15 de noviembre, el régimen de Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078 que autorizaba en su Art. 3 a los militares uso de la fuerza en manifestaciones y pretendía eximir de responsabilidad penal al personal de las FF.AA. que participe en los operativos.
“El personal de las FF. AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art.11 y 12 del Cód. Penal. Ley Nº 1760 y el Código de Procedimiento Penal”, se lee en el Decreto, considerado como una carta blanca para matar.
El decreto fue firmado por Añez y 11 de sus ministros, en los que figuran: Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Fernando López, Roxana Lizárraga, José Luis Parada, entre otros.
