Fraude electoral: Gobierno ve innecesario el requerimiento de la Fiscalía de hacer una pericia internaciona

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 A 10 días de los comicios generales, el Gobierno consideró, que es «innecesaria» la pericia técnica extranjera, que solicitó el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, quien anunció que se gestiona la contratación de una empresa europea para hacer un análisis técnico de los elementos que se tienen sobre el caso fraude electoral.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, explicó que las investigaciones que hicieron el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) son suficientes para establecer responsabilidades en este caso, registrado en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

«Esta declaración del Fiscal General del Estado, de pretender enviar a dar vueltas al extranjero para más estudios, es innecesario, siendo que el trabajo realizado en el IDIF y en el IPCUP, que son institutos de gran trayectoria y experiencia, respaldan con mucha solvencia esta información», afirmó Santamaría.

La información es parte del informe presentado sobre los avances de la investigación del caso del fraude electoral.

El martes, Lanchipa informó que se gestiona la contratación de una empresa europea para realizar esa pericia informática, a fin de contrastarlo con el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y de esa manera confirmar o descartar el fraude electoral que se habría registrado en los comicios de 2019.

La Fiscalía argumentó que a través de esa acción se establecerá la presunta transmisión irregular de los datos de 30.000 actas electorales por minuto, en un servidor no registrado, al cierre de la jornada electoral del 20 de octubre de 2019.

Al respecto, el Viceministro calificó las declaraciones de Lanchipa como «irresponsables» debido a que se tienen el equipo y las condiciones adecuadas en el país para efectuar esas pericias, lo cual muestra que hay una «acción dilatoria».

Los cuestionamientos a las gestiones de Lanchipa surgen debido que se realizan a pocos días de las elecciones y no se efectuaron cuando se iniciaron las indagaciones sobre el fraude cometido en los comicios, en noviembre de 2019.

El 10 de noviembre de 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de efectuar una auditoría a las elecciones del 20 de octubre, no pudo avalar los resultados de esos comicios, pues identificó varias irregularidades y la «manipulación dolosa» en la transmisión de esos resultados, que dieron la victoria en primera vuelta a Evo Morales.

Tras el informe de la OEA y aún siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones y anunció la renovación de las autoridades electorales; no obstante, poco después dimitió al cargo y se fue del país.

De este modo, todos los vocales del TSE fueron destituidos por un pedido público, expresado por el propio Morales.

En el marco de las investigaciones de este caso, el Viceministro expuso una serie de elementos que -en su criterio- confirman que en los comicios del año pasado se rompió la cadena de custodia del material electoral.

Además, Santamaría aseguró que el trabajo técnico y pericial, realizado hasta la fecha, da cuenta que el fraude electoral se perpetró a través de dos corrientes: la primera, con la alteración de actas electorales y, la segunda, a través de la manipulación informática.

«Se ha procedido a un trabajo pericial del IDIF, de al menos de 8.000 actas de La Paz, y el resultado de este examen ha establecido que hay actas alteradas», afirmó Santamaría.

Ante esta situación, el Viceministro denunció que la Fiscalía no coadyuva con citar a otros involucrados ante las pruebas presentadas, el trabajo profesional que contiene actos investigativos e información obtenida de forma lícita.

«Pareciera que desde la Fiscalía General del Estado se intenta más bien dilatar jugando al cálculo político en un tema neurálgico para Bolivia», manifestó Santamaría.

Asimismo, Santamaría mencionó que en el caso de Argentina se conoce que se entregó información sobre la manipulación y la alteración de una gran cantidad de actas, pero está bajo custodia de la Fiscalía, entidad que no facilita esa información para seguir corroborando esos datos.

Ante esta situación, el Viceministro exigió «celeridad y transparencia» a la Fiscalía para coadyuvar en las indagaciones como corresponde en el marco de la línea investigativa.