Luego de un año de conformar los tribunales de ética de la abogacía, se logró resolver más del 70% de la carga procesal y se restituyó el derecho de la población litigante al acceso de la justicia, informó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
“Teníamos una deuda pendiente con la sociedad, hasta el año pasado no estaba funcionando los tribunales de ética de la abogacía, por lo que se generó una carga procesal de 1.027 denuncias como una clara denegación del acceso a la justicia”, develó el viceministro durante el acto de juramento y entrega de 135 credenciales a nuevos profesionales, que se desarrolló el miércoles en La Paz.
En el marco de la Ley de la Abogacía 387 y el Decreto Supremo 1760 se conformaron los tribunales para conocer, procesar y sancionar las malas prácticas con relación al ejercicio de la abogacía en la profesión libre.
Para ese fin, durante la gestión pasada se lanzó una convocatoria pública de selección meritocrática. “Es una mención honorífica el ser juez administrativo y disciplinario de la abogacía”, subrayó Siles.
“El 30 de julio de 2021 se conformaron los tribunales, nacional y departamentales, de la abogacía (…), sus resultados son por demás alentadores y positivos, únicamente en lo que se refiere a la carga procesal, más del 70 por ciento de las casusas ya han sido concluidas -en algunas se encontró responsabilidad y en otras no-, pero lo importante es que han sido concluidas”, dijo.
Se espera tener pronto una carga procesal cero, ya que se sentó líneas de acción para casos posteriores que pudieran surgir. “Se han sentado precedentes administrativos para que los próximos tribunales tengan una orientación para fallar de acuerdo con un proceso (…). Cuando se actúa con deslealtad hacia el cliente o con faltas de éticas enmarcadas en la Ley de la Abogacía, deben someterse a procesos administrativos y/o disciplinarios”, agregó.
Siles acotó que es necesario seguir trabajando de la mano de los entes colegiados y anunció modificaciones a la Ley 387, que están orientadas a establecer los niveles de coordinación con los colegios de profesionales, además de temas como régimen disciplinario, aranceles profesionales y otros.
“Hemos hecho un juramento de actuar con honradez, dedicación, idoneidad, ética, independencia, lealtad y espíritu humanizador, principios extraídos de la Ley del Ejercicio de la Abogacía y junto a los principios ético morales y los valores que rige nuestra Constitución Política del Estado, son el norte al que hay que dirigir nuestro ejercicio profesional”, manifestó.
La Dirección General de Registro, Control y Supervisión del Ejercicio de la Abogacía a la fecha reporta 87.244 abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión a escala nacional.
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