La Comisión Mixta de Constitución perfila la elaboración de una ley con el fin de reencausar el proceso de preselección de los candidatos para la conformación, en elecciones, del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fue suspendido por segunda ocasión.
La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora Patricia Arce (MAS), explicó que será una “ley de convocatoria” que definirá los nuevos plazos para esta labor.
“No vamos a esperar estos 15 días que nos responda, que responda el vicepresidente (David Choquehuanca) y después nos respondan (desde el TCP) y nos estemos carteando; entonces hemos visto la manera de ir trabajando y estamos trabajando en una ley para que podamos nosotros viabilizar lo más antes posible”, indicó Arce en conferencia de prensa en la que enfatizó que “si ellos exigen una ley les vamos a dar una ley”.
Por mandato del auto constitucional 0186/2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió el 28 de abril el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales “hasta que el Tribunal (Constitucional) dicte la respectiva sentencia”.
Se trata de una medida cautelar que aplicó la comisión de admisión del TCP, luego de acoger una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, el 24 de abril.
En su petitorio, el legislador opositor alega que no correspondía la aprobación de una resolución para realizar esta labor, sino una ley, como sucedió el año 2017, con la Ley 960, Transitoria para el proceso de preselección y selección de máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura.
Además, pide que el criterio de la aprobación por dos tercios sea aplicado en todas las labores procedimentales del proceso de preselección para la elecciones judiciales: “la convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de los requisitos, la publicación de postulantes habilitados, las impugnaciones, la evaluación de experiencia profesional, la evaluación de formación profesional, la evaluación de conocimiento escrita, la entrevista, el informe final de evaluación y la preselección propiamente de candidatos”.
Esta es la segunda resolución de la Asamblea Legislativa que es objetada por la justicia y, en consecuencia, paraliza el proceso de preselección.
El primer proceso de preselección de candidatos judiciales fue suspendido el 13 de abril, por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, que observó el requisito de no emitir comentarios políticos.
Por su lado, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Luis Flores, instó al vicepresidente y al TCP a ver las posibilidades de acortar los plazos para resolver la acción de inconstitucionalidad abstracta y reencauzar las elecciones judiciales que deben realzarse en el último trimestre de este año.
“Ojalá con el ánimo de coordinación se puedan acelerar los tiempos y se puedan tomar decisiones, porque lo que corre peligro aquí es tener altas autoridades judiciales a fin de año, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado. Con ese ánimo, solicitamos a nuestro Presidente de la Asamblea y al Tribunal Constitucional Plurinacional puedan coordinar para acortar los plazos”, sugirió.
Según procedimiento, el vicepresidente tiene 15 días, desde el pasado 28 de abril, para responder a la acción de inconstitucionalidad abstracta; mientras que el TCP tiene 45 días para emitir su sentencia.