La Defensoría del Pueblo expresó este miércoles su “repudio” por los hechos de violencia en la comunidad de Chushuara, del municipio de Apolo, suscitados ayer supuestamente por conflictos de tierra, intereses mineros y problemas orgánicos de las organizaciones sociales.
La entidad, que dirige Nadia Cruz, “exigió” al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), filial La Paz, cumplir con sus obligaciones diligentemente, en apego a las normas correspondientes y en el marco de los lineamientos para realizar un trabajo técnico-jurídico en esa zona del país.
“Demandó”, además, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) inspecciones en el territorio en conflicto ante la posible existencia de actividad minera ilegal.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Policía Boliviana el despliegue de efectivos para controlar el enfrentamiento y convocó al Ministerio Público a que investigue los hechos violentos.
La Defensoría informó que verifica la posible existencia de 15 personas heridas y siete retenidas, como consecuencia de los enfrentamientos.
El proceso de saneamiento en Chushuara ha sido paralizado, pese a que existe una sentencia del Tribunal Agroambiental, que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debió dar cumplimiento, indica la institución.