Defensoría del Pueblo y la FELCV unen trabajo en la prevención de la violencia hacia mujeres

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La Defensoría del Pueblo y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), ante el alarmante incremento de casos de violencia hacia mujeres en esta etapa de emergencia sanitaria, acordaron trabajar de manera coordinada y conjunta para prevenir este delito y fortalecer las medidas de protección a través de la implementación de mecanismos de difusión e información sobre servicios y rutas de atención para estas víctimas.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una conferencia de prensa, valoró el trabajo que lleva adelante la FELCV, a través de la implementación del “Protocolo para Procedimientos de la FELCV durante el Estado de Emergencia Sanitario por el COVID-19, para la atención de hechos de violencia de género.

Los casos que a diario se conocen, dijo la Autoridad, muestran el impacto de la pandemia del COVID-19 y el incremento de las desigualdades de género que imperan en el país, situación que no solo incide en el incremento de hechos violentos, sino también en los riesgos de violencia hacia las mujeres, al estar la víctima conviviendo con su agresor.

Desde el inicio de la cuarentena, según datos de la FELCV, se registraron 66 casos de abuso sexual; 5 de acoso sexual; 1 de agresión sexual; 31 de estupro; 4 feminicidios; 9 casos de tentativa de feminicidio; 1 de homicidio suicidio; 1 infanticidio; 1 caso de proxenetismo; 7 casos de sustracción de menor; 1 de tentativa de abuso sexual; 8 de tentativa de violación; 44 casos de violaciones; 44 de violación infante niño, niña y/o adolescente; 1.282 de violencia familiar y/ domestica, lo que hace un total de 1.387 casos.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, reportó que del 21 de marzo al 14 de abril de este año, se registraron 545 casos de violencia familiar y doméstica, de los cuales las principales víctimas son mujeres y niñas, niños y adolescentes.

Los casos de violencia hacia mujeres registrados por la Defensoría del Pueblo, son atendidos conforme a lo que disponen sus reglamentos y en coordinación con instituciones competentes como la FELCV y el Ministerio Público, como sucedió en un hecho de violación en la población de Uyuni, donde la víctima, una mujer proveniente de España, trabajaba temporalmente en el alojamiento que administraba el presunto agresor, quien ya fue aprehendido. La institución hace seguimiento a la situación de resguardo y protección de la joven española, quien en pocos días más retornará a su país.

En ese marco, la Defensora Cruz destacó el cumplimiento de la Resolución 01/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de la FELCV, que viene fortaleciendo los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento a través de los números de emergencia que ha puesto a disposición de la población 800 14 0348, así como líneas de whatsapp para permitir el envío de imágenes, audios, videos y la ubicación de las víctimas.

LA CIDH señala que ante las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso recalcar el deber estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para las víctimas.

Estas recomendaciones, dijo la Autoridad, deben ser tomadas en cuenta por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como ente rector y por las instancias promotoras de la denuncia, vale decir, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y los Juzgados Especializados, conforme establece la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley Nº 348.

En ese sentido, exhortó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, conforme a sus competencias constitucionales, a garantizar la continuidad de los servicios y rutas de atención y protección para víctimas de violencia, reforzando el cumplimiento de medidas de protección; y fortalecer las instancias promotoras de denuncia para la atención de violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento, en el marco de la debida diligencia, resguardando el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.