UNODC aboga por medidas sustitutivas al encarcelamiento para delitos menores en especial para las mujeres

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) inauguró hoy en La Paz un taller sobre políticas de control de drogas, mujeres y privación de libertad. Este evento ha sido organizado con el propósito de visibilizar la problemática y situación específica de las mujeres procesadas y privadas de libertad por delitos menores relacionados con drogas.

El taller fue realizado en el marco del Programa de Apoyo de la UNODC a la Implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca del Estado Plurinacional de Bolivia, financiado por la Unión Europea y Dinamarca. Asistieron autoridades del Gobierno y representantes de organizaciones de la sociedad civil y se presentaron datos actualizados sobre la detención de mujeres por delitos relacionados con drogas a nivel mundial y en Bolivia.

De acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2016 elaborado por la UNODC, el 12% de las mujeres privadas de libertad en 2014 alrededor del mundo (de manera preventiva o con sentencia) lo estaban por una serie de delitos relacionados con drogas.

En Bolivia, la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno informó en mayo de 2016 que la proporción de mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con drogas alcanzaba poco más del triple del promedio mundial, con 39% de la población femenina reclusa. De un total de 1.157 mujeres privadas de libertad a nivel nacional, 448 estaban recluidas por delitos relacionados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008). Esta cifra representa el doble de la proporción de hombres privados de libertad en Bolivia por delitos similares.

Esos datos muestran claramente que, en Bolivia, las actuales políticas de control de drogas y sus consecuencias negativas afectan con más intensidad a las mujeres, resaltó el Representante de la UNODC en Bolivia, Antonino De Leo. El funcionario de Naciones Unidas destacó durante el evento que “estas políticas afectan desproporcionadamente a mujeres que viven en situación de pobreza, abandono familiar, falta de educación y de oportunidades”.

Por su parte, el Jefe de la Cooperación de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, Rocco Busco, manifestó que la privación de libertad debe respetar los derechos de las personas y ofrecer apoyo para agilizar procesos judiciales. “Representamos a 28 Estados democráticos que trabajan juntos para promover los derechos humanos y el tema de las mujeres privadas de libertad nos convoca a ser creativos y justos”, agregó.

Según datos recabados por la UNODC a nivel mundial, muchas de las mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con drogas se desempeñan como “mulas” para el contrabando transfronterizo de drogas a cambio de pequeñas sumas de dinero. En su encuentro con los periodistas, De Leo manifestó que «esas personas constituyen los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, a la vez que son fácilmente reemplazables. Las duras penas que incurren no son proporcionales al daño limitado que suponen sus acciones para la salud pública, principal bien jurídico protegido por las convenciones del sistema internacional de fiscalización de drogas».

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