La Defensoría del Pueblo acaba de lanzar un plan de acercamiento con la población para la gestión 2023, mediante su programa de defensa de sectores sociales vulnerables, como la niñez y adolescencia, personas adultas mayores, pueblos indígenas transfronterizos y mujeres.

El defensor Pedro Callisaya explicó que dicho programa incluye la presentación de una investigación sobre las consecuencias del embarazo en adolescentes y sus efectos adversos en la construcción de sus proyectos de vida, y se realizará la investigación sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, entre otros trabajos programados para este año.

Callisaya expuso la presentación en un encuentro con periodistas, en la Defensoría del Pueblo, sobre los logros de 2022 y las perspectivas de la gestión 2023.

Afirmó que apenas ingresó en la institución “inició un proceso de fortalecimiento para brindar un mejor servicio a la población” para lo cual está en proceso de ajuste el Plan Estratégico 2021-2024 y en construcción el nuevo plan de largo plazo 2023-2028.

El último documento comprende la realización de “ajustes a la gestión estratégica institucional y en la coordinación interna y externa; gestión de la comunicación; digitalización y adecuación tecnológica; fortalecimiento de la unidad de conflictos, y relacionamiento con la cooperación internacional”.

El Defensor del Pueblo anunció que optimizará el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP), que es uno de los canales mediante los cuales la institución está en contacto directo con la población que demanda apoyo frente a vulneraciones de los derechos humanos.

Durante 2022, el SSP atendió 17.023 denuncias de vulneraciones de derechos humanos, 7% más que en 2021, lo que representa un incremento del 67% respecto a 2017. Respecto a los derechos denunciados, un 25% del total (4.238) se refirieron a garantías del debido proceso y acceso a la justicia, que incluyen: feminicidios, infanticidios, violaciones a mujeres y a NNA, entre otros.

Además, las entidades con mayor número de denuncias fueron: la Policía Boliviana con 1.539 (9%), el Ministerio Público 1.394 (8%) y el Órgano Judicial 1.163 (7%), y las poblaciones vulnerables que más acudieron a la Defensoría del Pueblo fueron mujeres, niños, niñas y adolescentes, y personas adultas mayores (con 10.409 denuncias).

El Defensor del Pueblo enumeró los planes programados para 2023 de acuerdo con cada una de las unidades. Entre los proyectos, la autoridad destacó que, por ejemplo, se construirá el protocolo para la atención y seguimiento a casos de acoso sexual en universidades públicas del país.

También dijo que se implementará el «Programa de intervención psicoterapéutica para la reeducación de hombres privados de libertad por violencia familiar o doméstica”, en coordinación con Régimen Penitenciario.

Además, destacó que en esta gestión se consolidará el Observatorio Defensorial Judicial, que fue inaugurado en noviembre del año pasado conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia. Dijo que, igualmente se realizará un Mapeo y protocolos de atención a los pueblos indígenas transfronterizos en situación de alta vulnerabilidad.

La autoridad también mencionó que se realizará un estudio y medidas de apoyo a la vulneración de la minería y efectos del mercurio en la salud de la población indígena del Norte de La Paz; y se presentará la primera encuesta LGTBIQ+: “Las Diversidades cuentan, sin brechas de desigualdad”, que se realizó el año pasado en todo el territorio nacional.