Defensoría del Pueblo exige al Gobierno garantizar la seguridad e integridad física de sus funcionarios

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La Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, garantizar la seguridad e integridad física del personal de esta institución y el resguardo de sus instalaciones que, este miércoles 26 de agosto, fueron tomadas por un grupo de personas organizadas que irrumpieron en estos predios de forma violenta profiriendo insultos y amenazas en contra de la máxima autoridad, Nadia Cruz, y afectando el trabajo y la atención a la población que acude diariamente a esta entidad.

“Es necesario recordar a la Policía Boliviana que, conforme al artículo 251 de la Constitución Política del Estado, tiene la misión específica de defender a la sociedad, conservar el orden público y el cumplimiento de las leyes; en ese sentido, la institución policial tiene la obligación de intervenir con prontitud, adoptando las acciones necesarias para prevenir o hechos como los ocurridos el día de ayer, lo contrario implica el incumplimiento de deberes constitucionales” manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en conferencia de prensa.

La Defensora, asimismo, manifestó que la institución reconoce y defiende el derecho a la protesta pacífica, pero rechaza la manifestación protagonizada ayer, no sólo por sus connotaciones violentas sino porque se constituye en una afectación a la salud de los funcionarios y de la población que se encontraba en el lugar a la espera de ser atendida.

La institución defensorial cuestiona que estos actos violentos fueron realizados bajo la permisibilidad de la Policía Boliviana que no acudió a la Defensoría del Pueblo, pese a las insistentes llamadas tanto de servidores públicos como de los dos policías asignados por el Comando del Batallón de Seguridad Física Estatal; permitiendo de tal manera, la paralización del trabajo defensorial en perjuicio de aquella población que exige la defensa de sus derechos, realiza  el seguimiento a sus casos o para recibir orientación jurídico legal.

Cruz recordó que por hechos violentos similares ocurridos el 27 de noviembre de 2019, la Defensoría del Pueblo interpuso una denuncia penal por la probable comisión de los delitos de instigación publica a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo; y ante los nuevos sucesos que se constituyen en ilícitos penales, se analiza la pertinencia de ampliar la denuncia por los delitos de sedición y amenazas.

Tras lo ocurrido el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 67/2019, emitió una medida cautelar que obliga al Estado boliviano a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de la Defensora Nadia Cruz  y del Delegado Defensorial de Cochabamba, Nelson