La Defensoría del Pueblo observó que el Estado vulnera el derecho a la protección que tienen los niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajadores debido a que no ha desarrollado los planes y programas establecidos en la norma para proteger a esta población y porque las instancias competentes no cuentan con registros y no hacen inspecciones específicas para verificar sus condiciones laborales, entre otras deficiencias.
“A la fecha, ninguno de los planes y programas establecidos por el Consejo Nacional de la Niña, Niño y Adolescentes ha sido desarrollado por el Estado, a través de los ministerios de Planificación del Desarrollo, Trabajo, y Justicia, lo que implica la ausencia de políticas a nivel departamental y municipal, y consecuentemente la ausencia de acciones programáticas para el ejercicio y vigencia de los derechos de las NNA con relación al trabajo”, indicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz durante la presentación del informe defensorial “Trabajo infantil y adolescente en Bolivia: Vulneración del derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes con relación al trabajo”.
La Defensora precisó que esos programas son el de Prevención y Protección Social para NNA menores de 14 años de edad en actividad laboral y para la Eliminación de las Determinantes de Actividades Laborales y Trabajos Peligrosos, Insalubres o Atentatorios A La Dignidad E Integridad De Niñas, Niños y Adolescentes.
El informe defensorial, presentado en ambientes de la organización Manq’a, contiene el resultado del estudio y evaluación a la implementación de políticas públicas y medidas de protección con relación al trabajo infantil y adolescente en 67 gobiernos autónomos municipales del país, entre los cuales se incluyen a los nueve municipios capitales de departamento y El Alto.
Cruz señaló que en este documento se revela que el 88% de los municipios no realizaron registros ni autorizaciones del trabajo adolescente y que sólo el 12% cuenta con 133 registros a nivel nacional, de los cuales sólo el municipio de Puerto Villarroel ha reportado 81. También indica que sólo cinco gobiernos autónomos municipales cumplieron con las gestiones para la certificación médica y las verificaciones socioeconómicas, y sólo cuatro usan el Formulario del Ministerio de Trabajo.
También observó que el Ministerio de Trabajo no realizó ninguna inspección al trabajo de adolescentes registrados, pues no cuenta con esos registros. Sólo hizo inspecciones de oficio, pero éstas no han sido efectivas ya que no han evidenciado ninguna vulneración o infracción al derecho a protección de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs).
De las ocho Alcaldías que realizaron registros y autorizaciones, cinco hacen seguimiento, y tres no lo hacen, aunque una de ellas dijo realizar inspecciones preventivas para identificar a niñas, niños y adolescentes trabajadores en su jurisdicción.
Otro problema que se identifica en el informe defensorial, dijo Cruz, es que el Ministerio de Trabajo no cuenta con protocolos de inspección aprobados ni un reglamento específico de supervisión, lo que deriva en inspecciones ineficaces para la restitución de derechos. Además, esta cartera de Estado sólo tiene tres profesionales capacitados específicamente para inspecciones en trabajo infantil y adolescente en todo el territorio nacional, y no ha actualizado las listas de actividades laborales y trabajos peligrosos insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de NNAs.
