Encuentro de mujeres reivindica derecho a participar en cargos públicos, libres de acoso y violencia política

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Representantes de organizaciones feministas y autoridades departamentales de Cochabamba reivindicaron este martes el derecho que tienen las mujeres de participar y ejercer cargos públicos, lejos del acoso y la violencia política.

«No hay democracia si continúa el acoso y la violencia política, es por eso que de aquí en adelante tenemos que seguir difundiendo la Ley 243», enfatizó la representante de la organización feminista Mujeres de Fuego, Ángela Nogales.

«Todas las mujeres tenemos derecho a estar en cargos políticos, todas las mujeres tenemos derecho a ser líderes en diferentes lugares», recalcó Nogales.

La ley 243, aprobada en 2012, protege a todas las mujeres que fueron elegidas democráticamente como representantes de sus organizaciones políticas y económicas, contra actos individuales y/o colectivos de acoso y/o violencia política.

La presidenta del Comité Cívico Femenino de Cochabamba, Mauricia Delgadillo, destacó el resultado de los debates y discusiones, en el marco de la II Cumbre Departamental de «Participación Política de Mujeres, Libres de Acoso y Violencia».

«Si bien hemos logrado muchas conquistas como mujeres, tenemos muchas que tenemos que alcanzar y esta declaratoria deberá ser evaluada al cabo de un año», apuntó Delgadillo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Gobernación, entre un 80 y 90% de las mujeres que participan de la vida política activa son víctimas de acoso y violencia de toda índole.

La directora de Igualdad de Oportunidades, Janeth Almendras, denunció que la mayoría de las mujeres que sufren este tipo de violencia no la denuncian o son objeto de intimidación y hostigamiento.

Entre las principales conclusiones a las que arribó el encuentro destacan, el rechazo a toda acción y conducta de acoso y violencia política contra las mujeres, el impulso en diferentes instancias departamentales de acciones garantistas de los derechos de las mujeres en los ámbitos político, social, económico y cultural.

Además de promover campañas mediáticas que impulsen la participación política y el repudio a toda forma de violencia hacia las mujeres, impulsar entre los partidos políticos los principios de paridad y alternancia.

También exigir a operadores de justicia, que garanticen su acceso a favor de las víctimas, el ajuste de protocolos destinados a proteger los derechos de las mujeres, la incorporación en la malla curricular educativa la no discriminación y promover el conocimiento de las leyes 243 y 348.
Jhy/mcr/ ABI