El Gobierno nacional no tolerará avasallamientos y exige a las autoridades competentes hacer cumplir la Ley 477 y las sanciones contra ese delito, ratificó el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez.

“Queremos ratificar, como Gobierno nacional, que no se va a tolerar ningún hecho de avasallamiento, de tráfico de tierras porque eso está tipificado como un delito de orden público, está en la Ley 477”, dijo en contacto con la red de medios estatales.

Núñez recordó que, en varias entregas de título de tierra, el presidente Luis Arce reiteró que el Gobierno nacional trabaja de manera “muy responsable” y con “mucho esfuerzo” para concluir el proceso de saneamiento.

En ese sentido, actualmente el 90% de tierras rurales en el país ya tiene seguridad jurídica y en caso de avasallamientos, los propietarios deben denunciar este ilícito ante los juzgados agroambientales o el Ministerio Público.

Por su parte, el Instituto de Reforma Agraria coadyuvará, en el marco de sus competencias, en las denuncias con información de catastro rural, georreferenciación, entre otros aspectos como coordinación con la Policía.

La Ley 477 contra el tráfico de tierras, promulgada el 30 de diciembre de 2013, establece sanciones “muy duras” contra los avasalladores y continúa vigente en el país, recordó el director del INRA.

“Como Gobierno, nosotros exigimos a las autoridades competentes cumplir y hacer cumplir esta ley y no tolerar a los avasalladores. Por suerte son muy pocas personas que se están dedicando a este negocio ilícito”, exhortó.