Ministerio de Justicia, TSJ, Fiscalía, Defensoría y la FAM trabajarán contra la violencia de género en Bolivia

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Con el objetivo de generar espacios de coordinación y “mecanismos efectivos” para implementar políticas de prevención de hechos de violencia de género, cinco instituciones firmaron este lunes un convenio de cooperación y coordinación interinstitucional.

De acuerdo con los datos del Ministerio Público durante esta gestión se registraron 46.187 casos, que están relacionados a violencia de género de enero al 24 de noviembre.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia firmaron un Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional para luchar contra este flagelo que afecta a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como niños, niñas, adolescentes y mujeres.

El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó la vigencia del convenio que servirá, dijo, para fortalecer la lucha contra la violencia en razón de género y garantizar una vida digna, en respeto y equidad.

“Es fundamental fortalecer las acciones coordinadas (…) para encarar de manera decidida una estrategia de lucha contra la violencia en razón de género que se traduzca en una política de Estado de erradicación de la violencia”, indicó Lima, tras la firma del convenio.

Señaló que la violencia es un tema estructural, pese a los avances en políticas públicas.

Es necesario profundizar, dijo, acciones en todos los ámbitos para que en un futuro permita “desmontar la naturalización de la violencia” en la sociedad.

“Nos causa un profundo dolor que, de acuerdo con los datos del Ministerio Público, hasta noviembre de la presente gestión se han denunciado un total de 45.817 casos por delitos de violencia en razón de género, ello implica que habrá un incremento de denuncias que oscila entre 7 por ciento respecto al anterior año”, detalló la autoridad.

El titular de Justicia lamentó que aún se tengan “serios problemas” de respuesta a las víctimas e incluso de “posible impunidad”, pero aseveró que a partir del trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio que instruyó el presidente Luis Arce, el seguimiento y procesamiento de estos casos se logró una “mejora significativa, pero no suficiente”.

En ese marco de trabajo, las instituciones que forman parte de este acuerdo se comprometieron a trabajar de manera coordinada cada uno en su competencia constitucional, para lograr una mayor protección a todas las poblaciones.