Se conforma la mesa nacional para la restitución del derecho a la familia de niñas, niños y adolescentes de centros de acogida

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El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura conformaron este martes, en Sucre, la mesa nacional para la restitución del derecho a la familia de 5.678 niñas, niños y adolescentes que viven bajo la tutela del Estado en 180 centros de acogida del país. La labor fue asumida en el marco de la reforma judicial anunciada en noviembre de 2020.

La mesa nacional fue conformada por el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco Zamora; el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Duran; y representantes de la Asociación Nacional de Familias Adoptivas y Representante del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes Bolivia, con el acompañamiento y asistencia técnica del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Bolivia).

“Un total de 5.678 niñas y niños se encuentra en centros de acogida privados del amor y cuidado familiar. Hoy en #Sucre nos reunimos con el @TSJBolivia, @TCP_bolivia y @magistratura para coordinar y ejecutar acciones que restituyan su derecho a la familia. #VamosASalirAdelante (sic)”, escribió este martes el titular en Justicia en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Justicia, como ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), tiene la misión de consolidar la articulación a nivel interinstitucional de todas las instancias de protección de la niñez y adolescencia, garantizando que cada niña, niño y adolescente, que se encuentra en estado de abandono, pueda crecer y vivir en un entorno familiar y comunitario que le brinde seguridad y afecto.

Como parte de la reforma judicial, el 29 de abril, el presidente Luis Arce promulgó la ley modificatoria de abreviación procesal para facilitar adopciones. La norma, que modifica artículos de la Ley 548 del Código Niña Niño y Adolescente, fue elaborada por esta cartera de Estado con el objetivo de permitir procesos de adopción rápidos y seguros, ya que elimina los denominados “cuellos de botella” que se tenían para realizar con prontitud los procesos de adopción, bajo mecanismos de control y seguridad.

En ese contexto, el ministerio convocó a la conformación de la mesa nacional, mientras se construye la Política Plurinacional para la Prevención de Abandono, Fortalecimiento Familiar y Restitución del Derecho a la Familia prevista para este año y conforme a los mandatos constitucionales y normativos que establecen que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir bajo la protección de una familia.

Además, se elaboró el Plan de Emergencia para la Restitución del Derecho a la Familia de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidado Familiar que servirá de base para las acciones inmediatas de tipo interinstitucional que llevará a cabo la mesa nacional.

“Agradezco por este plan al Ministro de Justicia (…). Necesitamos darles toda la atención a los niños, niñas y adolescentes, ahora, para que en el futuro sean hombres y mujeres de bien (…). Si hoy no protegemos a nuestra niñez, mañana van a reclamar esta falta de atención al Estado”, indicó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar.

La mesa nacional y las nueve mesas departamentales, que se constituirán en cada distrito judicial, contarán con las representaciones de cada una de las instituciones para dar inicio a un proceso de desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes que están en acogida.

El proceso será realizado bajo las directrices de modalidades alternativas de cuidado familiar conforme a la historia social, comunitaria y familiar que se tenga en cada caso, además del interés superior de los menores de edad y el cumplimiento de plazos previstos para la restitución del derecho a la familia a fin de evitar la retardación de justicia y lograr la implementación de todos los mecanismos de protección integral de esta población.